La prioridad absoluta es la salud de las personas, para conseguir curar a los enfermos y evitar la propagación de la pandemia, el gobierno debe tomar todas las medidas que estime oportunas. Es evidente que para disminuir los contagios es imprescindible la reducción de la movilidad y el contacto entre personas, para lo que se ha tomado, entre otras, la medida  de restringir la actividad económica a aquellos sectores cuya actividad
se justifica por estrictas razones de necesidad.

Hasta aquí totalmente de acuerdo con las medidas adoptadas, el problema vuelve a estar en la indefinición y en la falta de medidas complementarias, que eviten la situación verdaderamente dramática que ya está viviendo una parte importante del tejido empresarial, principalmente el que representan autónomos, pequeñas y medianas empresas.

Aunque vivimos una situación sin precedentes, no parece que haya duda en que las medidas de reducción de la actividad traerán consecuencias macro y micro económicas muy negativas tanto a corto como a largo plazo, que tendrán una especial incidencia en los sectores industrial y turístico, ambos de gran importancia en la economía de nuestro país, con una aportación conjunta al Producto Interior Bruto entorno al 28 por ciento.

El día 31, la Seguridad Social cargó en las cuentas de las empresas las cuotas correspondientes a cotizaciones del mes de febrero, sin tener en cuenta que muchas de ellas son empresas cerradas, que han
tenido que pagar sueldos sin haber tenido prácticamente ingresos a lo largo del mes de marzo. Es muy probable que los próximos cargos de cuotas de la Seguridad Social, liquidaciones de la Agencia Tributaria por Impuesto Sobre el Valor Añadido, retenciones a los trabajadores, alquileres, suministros, etc. se encuentren con números rojos en las cuentas corrientes, pues las empresas seguirán generando gastos, sin generar ingresos. Es en ese momento donde los empresarios se declararán insolventes y los trabajadores pasarán de estar en situación de permiso retribuido recuperable a estar en situación de desempleo.

A esto hay que añadir que en las  actividades ligadas al sector turístico, que según el Instituto Nacional de Estadística supuso en 2018 un 12,3 por ciento del Producto Interior Bruto, la recuperación no vendrá de la mano de un Real Decreto que acuerde la suspensión del estado de alarma, la recuperación de la actividad a los niveles de las mismas temporadas de años anteriores puede prolongarse durante meses, lo que tendrá una clara consecuencia: no será posible mantener en el corto plazo los niveles de empleo. Pero no será la única, ya que la reducción del nivel de empleo hará que automáticamente se disminuyan las cotizaciones a la Seguridad Social y que, por falta de liquidez, se reduzcan las inversiones que los empresarios hubiesen previsto de cara a la temporada estival. Todo ello llevará a una ralentización significativa de la actividad en el
sector, teniendo el Estado además que asumir el incremento de las prestaciones por desempleo.

Si analizamos la situación desde el punto de vista del trabajador nos encontramos: (i) en marzo los trabajadores han cobrado su salario habitual, o parte del mismo si están en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y cuando la Administración tramite el expediente podrán cobrar lo que les corresponda del resto del mes. (ii) en abril, si continúan en ERTE, percibirán la prestación que les corresponda, que el Ministerio de Trabajo ha estimado en una media de 860 euros por persona. (iii) En los  meses sucesivos el trabajador se enfrenta a la duda de la continuidad de la actividad.

Por tanto si no se toman medidas para paliar los efectos descritos, la caída de actividad en el sector desembocará en una severa crisis que hará que muchas empresas no reanuden su actividad, y que afectará, o podríamos decir sin riesgo a equivocarnos, que ya está afectando a la situación económica de los trabajadores.

Será necesario que el Gobierno tome medidas urgentes que permitan (i) el mantenimiento de la capacidad de las empresas para que puedan reanudar su actividad cuando pase la crisis sanitaria, (ii) no agobiándolas con el pago de impuestos en momentos de una falta absoluta de liquidez, (iii) establecer un sistema de ayudas a las familias que les permitan mantener cubiertas sus necesidades actuales y futuras (hasta la normalización de
la situación).

El Gobierno tiene la obligación de luchar contra la pandemia, pero tomando medidas complementarias necesarias para que la profunda crisis económica que se está fraguando no pase a ser una crisis social.