Además de la novedades fiscales que entran en vigor en 2025, el nuevo año traerá importantes cambios normativos que afectan al día a día de la gestión de un negocio. Aunque algunos de ellos están pendientes de concretar en futuros reglamentos, conviene estar al tanto de cómo afectarán a la carga administrativa de la empresas.

Homologación de programas de facturación

De acuerdo con el Real Decreto 007/2023, de 5 de diciembre, a partir del 1 de julio de 2025, los contribuyentes del Impuesto de Sociedades y los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas y/o profesionales (es decir, la gran mayoría de empresas y autónomos), deberán elaborar sus facturas mediante un programa informático homologado por el Ministerio de Hacienda.

De esta manera se dice definitivamente adiós a las facturas a mano pero también a las facturas realizadas con programas sencillos habituales como Excel o Word, ya que a partir de ahora se requerirán softwares más especializados, denominados Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), que deben contar con unos requisitos mínimos establecidos por la Administración como los siguientes:

• Deben incluir una serie de campos para datos que no se podrán modificar una vez emitidos.
• Deben generar un registro de facturación al expedir la factura.
• Deben tener capacidad de remitir datos a la administración tributaria.
• Deben garantizar el cumplimiento de las características de seguridad y control mediante:
  • Un código QR en la factura para tener la posibilidad de cotejarla con la AEAT.
  • Un Hash encadenado para evitar la modificación de la factura.

Estos requisitos implican que todo programa de facturación debe ser compatible con VeriFactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria.

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda pretende luchar contra el fraude fiscal aumentando el control sobre las facturas emitidas por profesionales y empresas, al mismo tiempo que avanza en la digitalización de los procesos administrativas del tejido empresarial español. Las sanciones por no utilizar este tipo de programas serán de hasta 50.000€ por cada ejercicio desempeñado utilizando un programa no certificado.

Eso sí, se prevé que la Agencia Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes un programa de facturación gratuito según los nuevos requisitos. El hecho de que este programa se encuentre aún en fase de desarrollo, junto a las peticiones del empresariado para dar tiempo a la adaptación, hacen prever que pueda haber un aplazamiento para la entrada en vigor de la norma hasta el 1 de enero de 2026.

Factura electrónica

De forma paralela pero independiente, 2025 también será el año de extensión de la factura electrónica.

Y es que no solo cambian los requisitos acerca de los programas utilizados para la generación de facturas, sino también la factura en sí que deberá ser generada y firmada digitalmente para ser enviada al cliente y a la Agencia Tributaria.  

Este formato ya era obligatorio para trabajar como proveedor de la Administración Pública y desde el año pasado lo es para todas las empresas y autónomos cuya facturación sea superior a los 8 millones de euros anuales. A partir de 2025, la factura electrónica será obligatoria para toda la facturación entre empresas y autónomos independientemente de su volumen de negocio, es decir, para las facturas de productos o servicios de proveedores entre compañías y profesionales, pero no para las facturas para clientes finales particulares. 

Sin embargo, aunque este calendario general de implantación fue establecido por la Ley Crea y Crece en 2022, la fecha exacta de implantación depende de la publicación del reglamento que desarrolle la ley y que aún no está aprobado.

Registro digital del horario de trabajadores

En 2025 también se prevén cambios en la norma que obliga a registrar la jornada laboral diaria de los trabajadores. Este medida que se aprobó en 2019 y obliga a las empresas a llevar un control de las horas diarias trabajadas por cada empleado busca combatir tanto el absentismo como los abusos en las horas extra no remuneradas, y exige que los propios trabajadores detallen sus horas efectivas de trabajo.

Si hasta ahora no existía una exigencia sobre el formato específico a utilizar para este control, se prevé que en la aprobación de la ley de reducción de jornada laboral se incluya un nuevo requisito que consistirá en la utilización de medios digitales de acceso remoto. Es decir, se eliminarán los registros manuales en papel y se exigirán métodos de control como aplicaciones móviles, máquinas lectoras, sistemas de escritorio, enlaces web o softwares específicos.

Otros cambios normativos que se esperan en 2025

Además de los cambios mencionados, es previsible que en 2025 se apruebe una regulación más detallada del teletrabajo o el trabajo híbrido, que incluirá aspectos como la provisión de equipos para los empleados, o el derecho a la desconexión digital y la salud laboral.

Otros cambios previsibles que afectarán al día a día del funcionamiento de una empresa serán la intensificación de medidas para promover la igualdad de género en las empresas, o el aumento de la presión regulatoria en temas de sostenibilidad, transformación digital y protección de datos.

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