Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial destinado a saldar las deudas de una persona física o jurídica que se ha declarado en quiebra o suspensión de pagos. Se trata de un procedimiento que trata, además, de buscar soluciones a una empresa insolvente.

La ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, define como insolvencia la imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones crediticias de la empresa, y diferencia esta situación de una dificultad de pago temporal o puntual. Se considera también que no se puede cumplir regularmente con las obligaciones si para hacerlo hay que recurrir un endeudamiento sistemático, pidiendo préstamos recurrentes que empeoran la situación.

La solicitud del concurso de acreedores se puede iniciar de dos formas:

• Se denomina concurso voluntario cuando es solicitado por la dirección de la empresa, que tiene la obligación de hacerlo en el plazo de dos meses desde el momento en que se tiene conocimiento de la insolvencia o quiebra inminente. De no hacerlo pueden enfrentarse a sanciones.
• Por el contrario, se trata de un concurso forzoso o necesario cuando el proceso no es iniciado por la propia empresa sino por la denuncia de un acreedor, o incluso un socio de la empresa disconforme con la dirección.

En ambos casos se deberá de presentar determinada documentación que acredite, entre otras cosas, la legitimación para presentar el concurso, el inventario de bienes y derechos, o una lista de acreedores.

Una vez solicitado y aprobado el concurso en un juzgado mercantil, se notificará el mismo a través de una publicación en el BOE, dando oportunidad a todos los acreedores a presentar en el juzgado la relación y justificación de las deudas pendientes. 

Al aprobarse el concurso de acreedores, la situación se pone en manos de un juez que, a su vez, nombrará un administrador o administradores concursales que tienen la función de dirigir el pago de las deudas de forma ordenada, pero también deben intentar la no disolución total de la empresa y la conservación del patrimonio.

Y es que el concurso de acreedores no es solo un mecanismo de satisfacción de deudas, sino que también debe funcionar como solución de segunda oportunidad para la empresa y de protección social para los individuos implicados.

Con estos fines, el juez puede paralizar las ejecuciones de deuda o rebajar y aplazar el pago de la misma para evitar el impacto social que puede tener el cierre de una empresa. De la misma manera, al ordenar los pagos puede dar prioridad a los acreedores más vulnerables, como los trabajadores, o a los que garantizan un mayor beneficio social, como la administración pública.

Ayuda en el proceso concursal

Un concurso de acreedores puede ser, junto a los expedientes de regulación de empleo, uno de los procesos más delicados a los que tiene que enfrentarse a una empresa, no solo por su complejidad administrativa, sino también por sus implicaciones humanas.

El servicio de Concursal y Reestructuraciones de MOORE guía y acompaña a sus clientes a través de este procedimiento para lograr que se resuelva de la manera más satisfactoria posible, atendiendo a todos los requerimientos legales, pero también aportando soluciones económicas y legales para el mejor desarrollo del proceso.

Recordemos que la moratoria concursal aprobada como medida “de salvación” frente a la crisis sanitaria del covid19, ha paralizado los concursos de acreedores durante los dos últimos años. El fin de la última prórroga, establecido en el próximo 30 de junio, supondrá previsiblemente una avalancha de solicitudes de concurso de empresas en dificultades que puede colapsar el sistema judicial.

Para evitar que esta situación dificulte aún más el proceso, es recomendable que cualquier empresa en dificultades se ponga ya en manos de un servicio especializado como el de MOORE para comenzar a dirimir la mejor solución a su situación.