Por regla general, cualquier empresa con “indicios relevantes de insolvencia” debe convocar  una junta, en el plazo de dos meses desde la aparición de estos indicios, en la que se acuerde la solicitud de declaración de concurso de acreedores. Sin embargo, la moratoria concursal aprobada como medida frente a la crisis sanitaria y sus sucesivas prórrogas, así como el nuevo proyecto de ley concursal, están cambiando las formas de actuación con diversas consecuencias para las empresas y la economía en general.

La moratoria concursal y sus consecuencias

Una de las medidas que se puso en marcha durante el primer Estado de Alarma de la pandemia fue la Ley 16/2020 sobre medidas organizativas para hacer frente al Covid19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Mediante este decreto se establecía, entre otras cosas, que los deudores que se encontraban en situación de insolvencia no tenían deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Con esta medida se pretendía que las empresas viables en condiciones normales de mercado, pudieran mantener su actividad y puestos de trabajo durante la situación excepcional de la crisis sanitaria, y dispusieran de un margen de tiempo adicional para restablecer su equilibrio patrimonial.

Sin embargo, ante la continuidad de los efectos y restricciones derivadas de la pandemia, y mientras se tramitaba la modernización del régimen concursal español, la moratoria se ha prorrogado en dos ocasiones, en un primer momento hasta diciembre de 2021 y una vez más hasta el 30 de junio de 2022.

Al extenderse en el tiempo, esta medida que ha aliviado la situación de muchos empresarios, también está ocasionando perjuicios para otras compañías, inversores, y para la economía en general. Y es que muchas empresas, al no tener obligación de ir a concurso, han dilatado o suspendido las necesarias medidas de reestructuración económica, contrayendo nuevas obligaciones y agravando su situación.

Por este motivo se teme el crecimiento en número de las llamadas “empresas zombi”, aquellas empresas inviables que no pueden atender sus obligaciones pero siguen subsistiendo gracias a la moratoria, generando situaciones de inseguridad jurídica en el mercado.

Alejandro Molina Olías, Director del Departamento Legal de MOORE ACPM detalla otras consecuencias de extender la moratoria en el tiempo, como puede ser el incremento de reclamaciones individuales por parte de los acreedores, o la utilización impropia del procedimiento penal para presionar a los administradores mediante querellas por fraude. También señala la consecuencia más grave: el efecto en cadena que se produce cuando muchos acreedores que no cobran de los deudores acaban no pagando a un tercero.

A todo esto se añade el probable colapso judicial que tendrá lugar a partir de julio, cuando se reestablezca la obligación de presentar concursos, ya que habrá una oleada de entradas en los juzgados que deberán compaginarse con los que estuvieran en trámite.

Ayuda a las empresas en situación de concurso

El servicio de Concursal y Reestructuraciones de MOORE ACPM cuenta con grandes profesionales para ayudar a las empresas en dificultades financieras, y abarcan el conocimiento y experiencia adecuados para ofrecer las mejores soluciones en la actual situación de moratoria. Alejandro Molina recomienda a estas empresas ya declaradas insolventes no esperar hasta el fin de la prórroga, sino acudir al pre-concurso, porque supone un parapeto para evitar una ejecución o liquidación desordenada, de manera que haya igualdad de oportunidades entre los acreedores.

Antes de llegar a este punto, los expertos de MOORE ACPM ayudan y aconsejan a sus clientes, y trabajan estrechamente con otros profesionales, como entidades financieras, fondos de capital de riesgo y abogados, para reestructurar y refinanciar organizaciones en distintos sectores tanto en proyectos nacionales como internacionales. La principal prioridad es la recuperación del negocio y su estructura corporativa liderando tareas de reestructuración financiera y reorganización empresarial, pero también acompañan en los delicados procesos de la administración concursal o gestión de ERE´s.

También se hará necesario contar con firmas como MOORE ACPM para desentrañar y sacar el máximo partido al nuevo marco regulatorio aprobado como proyecto de ley el pasado mes de diciembre, y aún pendiente de aprobación en las Cortes. Esta nueva regulación concursal pretende introducir novedades como el impulso a la reestructuración temprana, la exoneración de deuda para los deudores de buena fe, o la ampliación del ámbito objetivo de la reestructuración al activo y no solo al pasivo. Además, se prevé que las pymes tengan un tratamiento diferente mediante una plataforma digital para abaratar costes y simplificar trámites a la hora de solicitar el concurso. Para todo ello, la ayuda de expertos garantizará el mejor resultado ante el escenario concursal.