Las empresas públicas y privadas no solo están obligadas a aportar información transparente y veraz sobre sus cuentas y estado financiero, sino que deberán, además, informar sobre su impacto en materia de sostenibilidad.

La Directiva Europea 2014/95/UE ya introducía la obligación de que las empresas presentaran información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. El pasado mes de diciembre, esta norma y otras complementarias fueron modificadas por la Directiva  2022/2464 con el fin de corregir algunos aspectos de los reportes no financieros y ampliar el número de sujetos obligados a informar sobre cuestiones de sostenibilidad.

El objetivo es equiparar la información sobre sostenibilidad con la información financiera, introduciendo obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente y el ámbito social en línea con los objetivos de la UE sobre el clima y de acuerdo a unos estándares de sostenibilidad.

Además, se pretende garantizar el acceso digital a la información sobre sostenibilidad de cada empresa, para asegurar que las compañías ofrecen información fiable al mercado y que los inversores cuenten con datos comparables, sujetos a auditorías independientes y procesos de certificación.

De acuerdo con la normativa, el calendario de obligatoriedad para presentar informes de sostenibilidad es el siguiente:

• A partir del 1 de enero de 2024, las empresas de interés público con más de 500 empleados, sujetas ya a la anterior normativa NFRD, entregarán sus informes en 2025.
• A partir del 1 de enero de 2025, las grandes empresas, cotizadas o no, con más de 250 empleados y/o facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos, entregarán sus informes en 2026.
• A partir del 1 de enero de 2026, las pymes cotizadas, excepto microempresas, las entidades de crédito pequeñas y no complejas y las empresas de seguros cautivas, entregarán sus informes en 2027, aunque podrán retrasarlo hasta 2028.

El papel del auditor en los informes de sostenibilidad

Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), ha puesto en valor la importancia de contar con buenos profesionales de cara a abordar la trasposición de la Directiva sobre Información Corporativa sobre Sostenibilidad. Según sus propias palabras: «Somos conscientes, porque está en el espíritu de la Directiva, de que estamos llamados a juzgar un papel muy relevante en la verificaci6n de esta información y, por lo tanto, a ser claves en la confianza que los grupos de interés van a depositar en ella».

En cuanto a las particularidades de estos informes, Rodríguez resalta que “a diferencia de la auditoría de cuentas, requiere verificar áreas que tienen una naturaleza muy heterogénea y no existe una experiencia similar a la que tenemos en el terreno de la contabilidad y las finanzas, en el que llevamos trabajando décadas, pero creemos que poseemos el conocimiento y la experiencia para garantizar la fiabilidad sobre la que debe asentarse la sostenibilidad».

Sin embargo, hay firmas ya muy preparadas para este trabajo como MOORE España, que desde hace tiempo cuenta con una división específica de consultoría para asesorar a sus clientes en materias de sostenibilidad y gobernanza, un servicio que abarca no sólo la elaboración de los Informes de Sostenibilidad (los antiguos EINF, Estados de Información no Financiera), sino que también permite emitir el preceptivo informe de verificación conforme a la normativa europea.

Esta evaluación de la responsabilidad social de una empresa permite proporcionar información útil a los inversores para que puedan tomar decisiones bien informadas sobre las asignaciones de capital, pero también a las autoridades, empleados y público en general. El objetivo principal de este informe es proporcionar información relevante sobre la forma en que una organización crea, preserva o erosiona su valor en relación a sus oportunidades y riesgos de sostenibilidad, así como el impacto de las actividades de la organización en el entorno social, económico y natural.