Crecen los procedimientos concursales en España
Según un reciente informe publicado por Informa D&B, los procedimientos concursales por insolvencia en España han aumentado un 48% en 2024 con respecto al mismo periodo de 2023. Esto supone, en números totales, 1.516 procedimientos en tan solo dos meses, que se reparten por tipología de la siguiente manera:
- La gran mayoría de procedimientos, 1.249, corresponden a concursos de acreedores, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Otros 219 casos corresponden a procedimientos especiales para microempresas, frente a tan solo 4 en 2023.
- Solo 48 procedimientos corresponden a planes de reestructuración.
Como viene siendo habitual, la mayor parte de procedimientos concursales afectan a las microempresas (sociedades con menos de diez trabajadores y menos de dos millones de euros de volumen de negocio), que no solo inician los procedimientos especiales diseñados para este segmento, sino que también suponen un 82% de los concursos iniciados en febrero, frente al 16% de las pequeñas empresas y el 2% de las medianas. Solo dos grandes empresas, con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen, iniciaron procedimiento concursal este último mes.
Por regiones, Cataluña es la Comunidad Autónoma con más procedimientos concursales con un total de 380 en los dos primeros meses del año, seguida por Madrid, que con 318 sufre la mayor subida porcentual con respecto al año anterior. Por el contrario los procedimientos descendieron en regiones como Aragón, Melilla, Baleares y La Rioja.
En cuanto a los sectores de actividad, son el comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias las que más procedimientos acumulan en el comienzo del año, mientras que solo descienden en educación y se mantiene en cero en administración.
A pesar de que 2023 cerró con un descenso de insolvencias frente a 2022, el aumento de procedimientos concursales puede ser una tendencia general con visos continuidad. Según el presidente del Consejo General de Economistas, el incremento se debe a distintos factores: si bien la moratoria concursal establecida durante la pandemia contuvo el incremento concursal, el fin de la moratoria en junio de 2022 se ha unido a elementos adversos como la subida de los tipos de interés y de los costes laborales, la inflación, o el comienzo de la devolución de los créditos que se desplegaron para paliar los efectos económicos de la Covid-19. Por todo esto el consejo de economistas cree que “es previsible un aumento de las insolvencias para los próximos ejercicios”.
Planes de reestructuración para evitar la insolvencia
De acuerdo con el estudio de Informa, del total de procedimientos concursales iniciados en lo que va de año, solo 48 corresponden a planes de reestructuración, es decir, un 3% del total, lo que supone un descenso del 51% con respecto a 2023. Al igual que en el resto de procedimientos, estos planes de reestructuración pertenecen, en su mayoría, a microempresas del sector comercio.
Los planes de reestructuración son un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia y promover la recuperación de las empresas en dificultades que fue introducido en la reforma de la Ley Concursal de 2022. La medida pretende facilitar las reestructuraciones preventivas de las sociedades con problemas, y para este fin se introdujo la figura del experto reestructurador que asiste al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración de los planes.
En palabras de Juan Alvado, socio director de consultoría de MOORE España, lo más importante es estos casos es la prevención: “lo ideal es que una empresa sea capaz de prever que va a llegar a una insolvencia dentro de un plazo de varios meses en el que aún es posible corregir el rumbo”, y, por supuesto, contar con el experto y la asesoría adecuados para elaborar y poner en marcha los planes.
El área de Concursal y Reestructuraciones de MOORE España está compuesto por profesionales con amplia experiencia en la asesoría de empresas en procesos concursales, y tienen los conocimientos necesarios acerca de la nueva ley para poder ejercer como expertos reestructuradores y/o guiar y acompañar a sus empresas cliente durante todo el procedimiento logrando el mejor resultado para todas las partes.