La ley de segunda oportunidad es un salvavidas legal para aquellas personas que se enfrentan a una situación de insolvencia. Es evidente que no todos los proyectos profesionales o personales salen bien y, en muchas ocasiones y debido a multitud de factores externos o internos, un profesional o un particular puede llegar a verse incapaz de hacer frente a sus deudas, con lo que ello implica para su futuro.

La Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, es un proceso administrativo que permite a estas personas, bajo determinadas circunstancias y requisitos, exonerar sus deudas y empezar de cero. Se trata de un mecanismo legal que busca, además, crear una red de seguridad que incentive el emprendimiento y la actividad económica mitigando el miedo al fracaso.

¿Quién puede acogerse a la Ley de segunda oportunidad?

La ley de segunda oportunidad está dirigida a las personas físicas, no a las empresas, por lo que pueden acogerse a ella los profesionales autónomos o ciudadanos particulares que hayan contraído deudas a causa de su actividad empresarial o la asunción de préstamos personales.

Además, para que una persona pueda acogerse a la ley de segunda oportunidad, se exige demostrar una serie de circunstancias del interesado como son:

• Declarar el estado de insolvencia actual o inminente.
• Haber intentado un acuerdo de pagos previo.
• No ser declarado culpable en el concurso de acreedores.
• No superar los 5 millones de euros como importe total de las deudas.
• No haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los 10 años previos.
• No haber sido condenado por delitos económicos o falsedad documental en los 10 años anteriores.
• Demostrar la buena fe del deudor.

¿Cómo funciona la ley de segunda oportunidad?

Cuando los acuerdos de reestructuración de pagos de la deuda no funcionan, se debe tramitar una solicitud de concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil correspondiente al domicilio del solicitante. A esta solicitud le debe acompañar toda la documentación necesaria que pruebe la situación de insolvencia y los pasos previos que se han dado para tratar de solventarla. Esta documentación incluye contratos, recibos, facturas, justificación de ingresos y gastos, declaraciones de la renta, pero también certificado de antecedentes penales, empadronamiento, etc.

Una vez declarado el concurso de acreedores, el administrador concursal designado elaborará un informe sobre la situación del deudor y tratará de nuevo de llegar a un acuerdo de pagos. De no alcanzar el acuerdo se liquidarán todos los bienes del deudor que no sean imprescindibles  para el desarrollo de su actividad profesional y su propia supervivencia.

Por último, el juez determinará si se cumplen los requisitos para que el resto de la deuda no cubierta pueda ser exonerada con la excepción de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social cuya exoneración está limitada.

La ley de Segunda Oportunidad supone una gran ventaja para todos aquellos profesionales que se ven en una situación de endeudamiento de difícil solución, pero se trata de un procedimiento complejo que necesita de dedicación y conocimientos para llevarlo a buen puerto, por lo que es imprescindible contar con la asesoría de profesionales especializados.

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